Sumario
- El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite imponer sanciones a países que realicen detenciones "injustas" de ciudadanos estadounidenses y designarlos como "estado patrocinador de una detención injusta".
- La orden busca proteger a los ciudadanos estadounidenses de ser usados como instrumentos políticos por estados adversarios.
- El Departamento de Estado reiteró su compromiso con la seguridad de los estadounidenses detenidos en el extranjero.
- El caso de Alina López Miyares, una cubanoamericana condenada en Cuba por supuesto espionaje, ejemplifica estas preocupaciones. Aunque liberada condicionalmente en 2022, no puede salir de la isla debido a su estatus legal.
Bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada, el país podrá imponer sanciones a aquellos países que realicen detenciones "injustas" contra ciudadanos estadounidenses y crear una lista en la que serán designados como "estado patrocinador de una detención injusta", similar a la ya existente con aquellos países considerados patrocinadores del terrorismo.
"Estados Unidos debe redoblar sus esfuerzos para proteger a sus ciudadanos de la detención injusta en el extranjero. El Gobierno de Estados Unidos se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para frenar esta táctica coercitiva empleada por adversarios extranjeros y debe exigirles responsabilidades. Ningún estadounidense debe temer ser utilizado como instrumento político por estados rebeldes", señala el texto de la orden ejecutiva.
Este miércoles, en un correo electrónico a Martí Noticias, el Departamento de Estado reiteró que está comprometido con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a aquellos detenidos en el extranjero.
“El Secretario de Estado tiene autoridad discrecional para determinar si un caso constituye una detención injusta basándose en la totalidad de las circunstancias, incluyendo una cuidadosa consideración de la información proporcionada por los seres queridos o los abogados del detenido. Por razones de privacidad, no tenemos más información que compartir”, dijo el vocero del Departamento de Estado.
La declaración fue en respuesta a una pregunta sobre el caso de Alina López Miyares, a quién el régimen cubano concedió la libertad condicional en julio del 2022, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la Isla desde 2017.
López Miyares, de origen cubanoamericano, no ha podido regresar a Estados Unidos a pesar de haber sido liberada. El gobierno de Cuba le dio libertad condicional, lo que significa que no puede salir de la isla hasta el término de su sanción.
El régimen cubano no reconoce la doble nacionalidad. Aunque se naturalizó estadounidense tras huir de Cuba con su familia a los 9 años de edad, López Miyares nació en la isla y las autoridades siguen considerándola una ciudadana cubana.
"Ella es un caso humanitario. No puedo hablar con lujo de detalles, pero sí sé que es un caso humanitario y hay otros países que se han prestado para ayudar si fuese necesario y creo que, sea donde sea, sería una salida humanitaria”, declaró a Martí Noticias su abogado, Jason Poblete.
Opinó además que los casos de los estadounidenses detenidos en Cuba deben ser una prioridad para la administración del presidente Trump.
“Yo creo que un país, primero, tiene que enfocarse en sus nacionales, y el capital político del Departamento de Estado se debe utilizar para los americanos, y después hablar de otras cosas, y hay espacio para hablar de esas cosas, pero por ahora yo creo que el caso de Alina tiene, debe, tener prioridad”, expresó Poblete.
López Miyares, quien emigró a Estados Unidos en la década del 60, fue apresada en enero de 2017 en uno de sus viajes a Cuba. Fue juzgada el 2 de octubre de ese mismo año, por un supuesto delito de espionaje, bajo sospecha de haber servido de enlace entre su esposo, el exdiplomático y exagente de Inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos.
Milanés Fajardo fue condenado a 17 años de prisión.
Durante el juicio celebrado contra el matrimonio, oficiales de la Inteligencia y la Contrainteligencia cubana intentaron demostrar que los acusados, presuntamente motivados por aportar los informes requeridos por los servicios especiales estadounidenses, interactuaron con agentes del FBI y la CIA para entregarles nombres, teléfonos y otros datos que "pudieron poner en peligro la seguridad nacional del Estado Cubano".
Tras la salida de la cárcel de López Miyares, en julio de 2022, el licenciado Edilio Hernández Herrera, del grupo jurídico Ayuda Ciudadana y abogado independiente que trabajó en el caso de la cubanoamericana, dijo Martí Noticias que el otorgamiento de la libertad condicional ocurrió luego de una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
“Después de pedir varias peticiones, petición de indulto, ellos no cedían. Entonces, hace unos meses, en el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, se presentó una queja sobre la detención arbitraria y la sanción de ella. Le pedimos información al gobierno. Nosotros hicimos un trabajo para refutar lo que decía el gobierno y determinó el Grupo (...) que realmente se violaron muchos procedimientos", explicó entonces el abogado.
Entre las principales violaciones cometidas, el licenciado mencionó que la detención fue arbitraria, que la instrucción militar no tenía jurisdicción para el caso de López Miyares, que el debido proceso se violó porque la acusada estuvo varios meses detenida sin acceso a abogado, y que se le negó la visita consular.
"Las detenciones injustas constituyen una afrenta al Estado de derecho y buscan socavar nuestro liderazgo a nivel mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a nuestros ciudadanos estadounidenses", subraya la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump.