El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía de Fernando Adrián Moio Bartolini, un argentino que durante más de una década vivió como ciudadano estadounidense tras haberse hecho pasar por cubano.
Según la acusación, Bartolini ingresó a Estados Unidos en el año 2000 bajo el Programa de Exención de Visas para ciudadanos argentinos. Posteriormente compró en Miami Lakes, por unos 5.000 dólares, un acta de nacimiento y un pasaporte cubano falso.
Con esos documentos se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, que permite a los nacionales de la Isla obtener la residencia permanente al año y un día. En 2007 USCIS le otorgó la residencia permanente con efecto retroactivo al 29 de abril de 2004.
Dos años después, se naturalizó como ciudadano estadounidense, siempre bajo la identidad falsa de cubano.
Más de una década para afrontar las consecuencias
El fraude se descubrió en 2013, cuando intentaba entrar al país por el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Medellín, Colombia.
Un oficial de aduanas notó su acentuado tono argentino y lo sometió a un interrogatorio. Bartolini terminó confesando que había utilizado documentos falsos y que había mentido en cada entrevista con las autoridades migratorias.
Ahora, más de una década después, el gobierno federal busca despojarlo de la ciudadanía en medio del impulso de la administración de Donald Trump contra irregularidades en los procesos migratorios en Estados Unidos.
Si el tribunal en Orlando falla en su contra, Bartolini, de 50 años y residente de Windermere, perderá el pasaporte estadounidense y quedará expuesto a la deportación a Argentina.
Más rigor para la Ley de Ajuste Cubano
Recientemente la fiscal general Pam Bondi anunció la desarticulación de una red de 12 personas arrestadas por su presunta participación en un esquema de tráfico humano y fraude de asilo cubanos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados operaban en el sur de Florida y brindaban orientación a cubanos para evadir controles fronterizos —por ejemplo, enseñarles a declarar como turista, ocultar su origen y evitar llamar la atención de agentes migratorios una vez dentro del país.
El monto estimado involucrado en este esquema asciende a 18 millones de dólares, captados por los traficantes a través de los pagos de los migrantes, quienes les entregaban decenas de miles de dólares cada uno por sus servicios.